Y es que esta ley no sólo beneficia a las personas en situación de dependencia, de las que el 67% de quienes reciben prestaciones son mujeres, sino que según el INE en 2011 el 24,5% de las mujeres mayores de 65 años se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pobreza, por lo que ampliar el copago de los servicios residenciales y domiciliarios, y reducir las prestaciones económicas, como ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, condena aún más a la pobreza a las mujeres mayores, que tienen más necesidades de contar con apoyo para su cuidado.
Por otra parte, si tenemos en cuenta que en el sector de los servicios sociales el 85% de las personas que están en alta en Seguridad Social son mujeres, y esta Ley ha creado más de 185.000 puestos de trabajo directos y unos 65.000 indirectos, además, tenemos claro que el cuidado, hoy por hoy está en manos femeninas, y que el 92% de las personas cuidadoras con convenio especial en la Seguridad Social son mujeres; resulta evidente que la falta de financiación de la ley creará destrucción de empleo femenino.
También habría que destacar que las mujeres tienen mayor esperanza de vida y, por tanto, más riesgo de vivir en situación de dependencia más años; que tienen pensiones más bajas (la pensión media de jubilación de las mujeres es de 637 € mientras que la de los hombres es de 1.071 € y la pensión media de viudedad es de 596 €), y por lo tanto también menos recursos económicos; que las tareas del cuidado de hijos/as, personas mayores y personas con discapacidad, que siguen desempeñando de forma mayoritaria las mujeres en su entorno familiar, constituyen una limitación para su actividad profesional fuera del hogar.
En 2012 el Gobierno de Rajoy ha disminuido la aportación de la Ley de Dependencia en 283 millones de euros, mientras que en 2013 recortarán 200 millones; a las personas con dependencia moderada se les niega el derecho a acceder a ningún servicio o prestación económica hasta julio de 2015; un gran dependiente que hasta ahora recibía 520 euros mensuales, pasa a recibir 387 euros y además la cuidadora deja de tener la Seguridad Social a cargo del Estado. Las personas que disponen u opten por servicios de proximidad, verán reducidas el total de horas de servicio de ayuda a domicilio a que tenían derecho (hasta 20 horas). No habrá ningún tipo de financiación para pagar el transporte para el traslado entre el domicilio y los centros de día y de noche. Se incompatibilizan los servicios de Ayuda a Domicilio y Centro de Día, cuando en realidad se complementan y en los dos casos se ha incrementado el copago al endurecer los criterios para determinar la capacidad económica de los usuarios y ampliar el máximo a pagar, que pasa del 65% al 90% del coste del servicio.
Con estos recortes las mujeres retroceden en bienestar social, ayudas, derechos y por tanto en libertad, nos tememos que aprovechando la coyuntura económica se materialicen retrocesos en igualdad que responden a una enraizada ideología patriarcal, que sigue manteniendo que las mujeres no pueden ser iguales a los hombres.